Colombia en transición

ERIKA CASAJOANA – 11/10/2005
La Vanguardia

La XV Cumbre Iberoamericana se celebra en un momento de ebullición electoral en la región. En los próximos 15 meses, está previsto que 10 países celebren elecciones presidenciales, en este orden: Honduras, Chile, Bolivia, Costa Rica, Perú, Colombia, México, Nicaragua, Brasil y Venezuela.

El inminente fallo de la Corte Constitucional colombiana sobre la opción a la reelección del presidente Álvaro Uribe tiene al país en vilo y agitados a los mercados de valores. Mientras Uribe prepara su viaje a España para participar en la Cumbre en Salamanca, nueve magistrados podrían decidir su destino esta misma semana, al dictaminar si la reforma constitucional impulsada por el presidente y aprobada en el Congreso para permitir su reelección se ajustó a los procedimientos previstos en la misma Carta Magna.

Tanto el gobierno como los detractores de la reelección de Uribe han prometido acatar el fallo del máximo tribunal, aunque se ha hablado de fuertes presiones a sus miembros por ambas partes. Según las encuestas, Álvaro Uribe es el presidente más popular de América, con una cota de aprobación cercana a un 80 %. Si pudiera ser candidato de nuevo, obtendría el triunfo en la primera vuelta. Y si no le dejan, se puede decir que carece de Plan B. En tal caso todas las opciones se abrirían de nuevo, aunque el favorito sería el liberal y actual opositor Horacio Serpa, quien ya fue candidato presidencial en 1998 y perdió contra el social-conservador Andrés Pastrana.

El secreto de la inmensa popularidad de Uribe es que ofreció una promesa clara en 2002 y la está cumpliendo. Ha hecho bajar la violencia, la mayor lacra en un país con más de cuatro décadas de guerra civil. Como señala Román D. Ortiz, analista del Real Instituto Elcano, el mérito de Uribe es integrar y coordinar los esfuerzos en seguridad del Estado, contraterrorismo, lucha antidroga y reinserción de combatientes de la guerrilla y paramilitares a la máxima prioridad, que es pacificar Colombia. Otras autoridades han colaborado en los avances contra la violencia, como las alcaldías de Bogotá y Medellín, pero nadie ha sabido capitalizarlo como Uribe, hijo de un terrateniente asesinado por la guerrilla marxista.

Una pieza crucial en la estrategia del gobierno es la reciente ley Justicia y Paz, que busca la desmovilización de 20.000 paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Ha sido muy criticada dentro y fuera del país porque se la considera un peligroso vehículo para la impunidad de narcotraficantes y asesinos de campesinos y no va a resarcir a sus víctimas. Durante su tramitación, algunos parlamentarios pretendían que comandantes paramilitares estuvieran presentes e incluso participaran en su discusión (se considera que más de un tercio de los parlamentarios sufragan sus campañas con dinero del narcotráfico paramilitar). La Unión Europea respalda la ley, valorando su posible contribución positiva pero mostrando su reticencias porque no toma suficientemente en cuenta los principios de verdad, justicia y reparación. Estados Unidos apoya con firmeza a Uribe con el generoso Plan Colombia de ayuda militar y contra la droga, sin perjuicio de reclamarle la extradición por narcotráfico de conocidos paramilitares involucrados en las negociaciones de paz.

Y precisamente el caso de Don Berna, un paramilitar reclamado por la justicia estadounidense por tráfico de droga, está haciendo tambalear la desmovilización, cuando ya se ha conseguido que depongan las armas 10.000 combatientes. La Fiscalía colombiana considera a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, como autor intelectual del asesinato de dos parlamentarios este año, mientras ejercía como uno de los principales portavoces de las AUC. Las AUC lo defienden como “líder nacional en las negociaciones de paz” (sic), pero Alvaro Uribe lo ha mandado a una prisión de máxima seguridad. El presidente está dispuesto a jugar la carta de la extradición a Estados Unidos de los paramilitares narcotraficantes como moneda de cambio para la desmovilización.

Álvaro Uribe pide cuatro años más para completar su programa de pacificación de Colombia. Muchos dudan de sus credenciales democráticas y recelan de su carácter de “hombre fuerte”, pero sus éxitos son innegables. Si no puede competir en 2006, su sucesor lo tendrá difícil para emularle. Y si resulta reelegido, habrá que empezar a pensar en cómo pararlo en 2010.

Erika Casajoana
Consultora política