El Plan Municipal de Inmigración, acordado a finales del pasado mandato por los cinco grupos del Ayuntamiento de Barcelona después de casi dos años de negociación, es demasiado valioso como para dejarlo morir ante el primer obstáculo que se le presenta. Sobre esta tesis, compartida por los tres socios de gobierno (PSC, ERC e ICV), Joan Clos anunció anteayer a Jordi Portabella e Imma Mayol su voluntad de hacer todo lo posible para preservar el consenso en torno a las políticas municipales de inmigración, amenazado por la reforma de la ley de Extranjería pactada por PP y PSOE.

Por otra parte el presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, exigió al alcalde de la ciudad, Joan Clos, que “sea consecuente” con el posicionamiento del PSOE con respecto a la reciente reforma de la ley de Extranjería y garantice el cumplimiento de la nueva normativa. De este modo, salió al paso de las declaraciones hechas el lunes por la presidenta del grupo municipal de ICV-EUiA y tercera teniente de alcalde, Imma Mayol, quien afirmó que su partido no permitirá que el Ayuntamiento barcelonés facilite los datos del padrón para cuestiones administrativas relacionadas con la residencia.

Y mientras tanto los inmigrados en situación irregular constituyen la amplia mayoría de los indigentes que no cuentan con techo estable en Barcelona, según los servicios sociales municipales. El concejal de Bienestar Social, Ricard Gomà, afirmó que los “sin papeles” representan ya el 61 por ciento de los “sin techo” en la capital catalana. Se calcula, según las fuentes, que en Barcelona viven entre dos mil y cuatro mil “sin techo”. La cifra exacta no se conoce con exactitud, pues no se ha querido averiguar. Para el anterior consistorio era un vector negativo de la imagen de la ciudad, y por ello obviable. Pero ahora la situación es distinta, y parece que se opta por explicar incluso estas cosas que no gustan.