Los matrimonios fraudulentos entre españoles y extranjeros
extracomunitarios aumentan con la crisis. En 2011 se denegaron el doble
de bodas que en 2010

Roberto viajó a España porque un amigo le había prometido un contrato
de trabajo en una inmobiliaria. Dejó su país, Uruguay, y su negocio,
“una tienda” que le daba “para vivir pero no para ahorrar”. “Al
principio le comenté que no podía ir porque no tenía documentación y no
quería estar de manera ilegal, pero me prometió que la empresa me lo
arreglaría todo”, explica Roberto, que prefiere ocultar su verdadero
nombre. Porque ahora sí tiene sus documentos en regla, pero no gracias a
la empresa, que nunca cumplió su promesa, sino a una amiga que le
ofreció casarse con él. “Lo hice por los papeles”, admite.
“Sin documentación eres preso de un país, cada vez que salís pensás
que podés ir a la cárcel y que te pueden deportar”, reflexiona Roberto. A
partir del 1 de septiembre, se suma otra amenaza: la pérdida de la
asistencia sanitaria para los sin papeles que no puedan pagar 710 euros anuales.
Aunque es casi imposible conocer el número exacto de inmigrantes que han recurrido a un matrimonio blanco
para regularizar su situación en España, fuentes policiales y
judiciales admiten que son “muchos”, especialmente desde la explosión de
la crisis económica, ante “la dificultad de obtener la tarjeta de
residencia a través de un contrato de trabajo”. 
Como pista, el número de
matrimonios entre españoles y extracomunitarios aumentó de 8.392 en
2004 a 20.551 en 2009. En 2010, sufrió una caída, a 8.828. Este descenso
coincide, sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley de Extranjería,
que permite la reagrupación familiar a través de parejas de hecho.
“Estamos notando un incremento altísimo de este tipo de uniones entre
españoles y extracomunitarios, porque no se necesitan tantos requisitos
como en las bodas”, reconocen fuentes de la Unidad contra Redes de
Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF).
Roberto no tenía “alternativa”. La inmobiliaria para la que trabajaba
nunca tuvo la intención de contratarlo. “Tras año y medio en España, se
me cayó la venda de los ojos y me di cuenta de que me habían engañado”,
afirma con serenidad. Lo que más lamenta es que les “interesara más con
papeles que sin papeles”. Mientras que él ganaba “poquito” —un fijo de
400 euros al mes más comisiones—, sus jefes “se ahorraban muchos
impuestos”. Nadie en su oficina tenía permiso de trabajo y les obligaban
a “estar siempre en la calle hiciera calor o diez grados bajo cero”
para esquivar los controles policiales.
“Cuando se enteraron de que me iba a casar no les gustó nada y me
dijeron que se iban a dar cuenta de que la boda no era por amor”, cuenta
con cierta sorna. Nunca les descubrieron. La funcionaria que les
atendió en el Registro Civil les dijo que el juez podría requerirles
para hacerles una entrevista, aunque parecía que “su boda era de
verdad”.
Demostrar que un enlace es fraudulento es muy difícil. “El matrimonio
con un sin papeles no es un delito; el delito es el del favorecimiento
de la inmigración irregular y es muy complicado demostrar que alguien se
está lucrando” a cambio de que un inmigrante consiga la tarjeta de
residencia, explican desde la UCRIF. A veces “hay indicios”, por ejemplo
cuando la pareja no vive en el mismo domicilio, “pero puede significar
que cada uno trabaja en una ciudad”. En otras ocasiones es más claro,
como “el típico matrimonio entre un gitano y un nigeriano, que son los
primeros que empezamos a detectar”, añade un miembro de la unidad contra
los delitos de extranjería. Pero una vez casados, es “casi imposible”
anular un matrimonio, a no ser que hayan usado “documentación falsa”.
En 2011, se denegaron 122 matrimonios mixtos, casi el doble de 2010,
según fuentes judiciales. Además, la UCRIF desarticuló el año pasado
diez redes y 51 servicios —grupos que carecen de la estructura de una
red— que concertaban matrimonios fraudulentos con inmigrantes
irregulares a cambio de dinero. La última operación conocida se produjo
el pasado junio, con 17 detenidos. Fuentes de la unidad reconocen que
las investigaciones en esta área se han intensificado en los últimos
años.
Horacio P., de origen colombiano, contactó con una red que amañaba
bodas y pagó 5.000 euros. “Fue muy fácil, me lo ofrecieron a través de
un conocido, no lo busqué”. Y no se arrepiente: “Ahora tengo la
nacionalidad española”.
También está orgulloso de su decisión Roberto, que consiguió un
contrato. Primero, en la inmobiliaria en la que trabajaba, aunque nunca
le llegaron a mejorar sus condiciones y cobró durante dos meses más en
negro. Medio año más tarde ya había encontrado otro empleo. Por eso, no
se plantea regresar a Uruguay: “Me siento bien aquí, hice muchos
sacrificios, pero no me rendí”.