Inmigración, trabajo y formación
*ÀNGEL CASTIÑEIRA Y JOSEP M. LOZANO
La Vanguardia
– 02/01/2006
Las políticas de inmigración en España y Catalunya tienen planteadas cuatro grandes cuestiones pendientes de resolver. Estas cuestiones son: primero, la redefinición del marco institucional (¿quién debe tener competencias normativas, ejecutivas y sectoriales?). En segundo lugar, el establecimiento de una política de admisión (¿con cuántos estamos dispuestos a convivir?, ¿a quiénes dejaremos entrar y según qué criterios?). Tercero, el establecimiento de una política de acomodación (¿qué modelo de incorporación o integración de los inmigrantes vamos a utilizar?). Y, finalmente, una nueva formulación de la política de nacionalidad (¿quién y por qué accederá plenamente a nuestra ciudadanía?).
De estas cuatro grandes cuestiones, al menos las dos centrales (la política de admisión y el modelo de acomodación) guardan relación directa con la situación de nuestro mercado laboral y con los procesos de inserción laboral que utilizamos. Por lo tanto, el mercado de trabajo es un factor fundamental de nuestra relación con los inmigrantes. Por ese motivo, el pleno del Parlament aprobó en el 2001 una resolución por unanimidad en que la se afirmaba que “la inserción laboral es un elemento clave para la integración.
Tener un puesto de trabajo retribuido es para muchos el principal elemento para la integración en una comunidad; la precariedad genera inestabilidad para la persona y la sociedad”. Por lo tanto, concluía la resolución, la formación continua de los inmigrantes y la adecuación reglamentaria para que un inmigrante con trabajo pueda ser contratado legalmente en el periodo más breve posible son circunstancias que favorecen su integración y su estabilidad laboral.
Nuestro mercado de trabajo tiene un problema de sobras conocido: los cambios en nuestra estructura demográfica han comportado una caída en picado de la natalidad y un envejecimiento de la población. Ello ha significado una clara reducción de la población activa. Este fenómeno ha coincidido en el tiempo con un aumento por parte de nuestras empresas del ritmo de creación de ocupación. Disponemos, por tanto, de más demanda de nuevos puestos de trabajo que de oferta de capital humano disponible. Esta situación es la que ha provocado que diversas instituciones hayan buscado, primero, nuevos yacimientos de ocupación entre los parados (sobre todo, hombres de más de 54 años y mujeres de más de 34) y luego hayan echado mano de los inmigrantes extracomunitarios. Sin embargo, esta solución sólo ha resuelto parcialmente el problema. ¿Por qué? Básicamente, porque en muchos de nuestros trabajadores (autóctonos o inmigrantes) hay un sesgo acusado hacia la baja cualificación, por lo que se da un fuerte desajuste entre el nivel de formación de nuestra población activa y las necesidades reales del sistema productivo. Las razones de este sesgo son diversas. Hay al menos tres que afectan directamente a Catalunya: un alto índice de fracaso y abandono escolar (uno de los mayores de España); aún persiste un importante desprestigio social de la formación profesional; y una gran dificultad para asegurar el relevo generacional en ciertos oficios (nadie quiere ser aprendiz y cobrar como tal). Y hay también una directamente relacionada con nuestra política de inmigración: a diferencia de los países del norte y del centro de Europa que seleccionan profesionales titulados (en sanidad o las TIC), nosotros importamos mano de obra de baja cualificación (concentrada en sectores como la agricultura, la construcción o el servicio doméstico).
Los dos grandes retos de futuro que Catalunya deberá abordar al respecto son: ¿cómo conseguir aumentar la población activa?; y ¿cómo lograr que esta población (autóctona o inmigrante) tenga un nivel de formación adecuado? En ambos casos, la solución pasa por la preparación y la captación de talento. O seleccionamos en origen a inmigrantes bien formados, o los formamos bien aquí juntamente con nuestros trabajadores. Optar por el criterio de la baja cualificación, como hasta ahora, implicaría apostar por estrategias económicas de bajos costes y poco valor añadido. A nuestro modo de ver, esto sería un error. Sin contar con los malos resultados del informe PISA, hay dos estudios comparados recientes que sitúan a España a la cola de la Europa de los quince con respecto a los temas formativos. El primero (Eurostat) compara el porcentaje de la población en edad laboral (25-64) que participa en educación y formación. Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Reino Unido alcanzan entre el 16 y el 23%; España apenas llega al 5% de su población. El segundo estudio (realizado por los sindicatos europeos) compara el número de empresas que ofrecen formación continuada. En 11 países de la UE, entre el 70 y el 95% de sus empresas ofrecen dicha formación. España, de nuevo, aparece en el furgón de cola con un insignificante 30% de empresas. Nuestro mensaje final queda reflejado en el título. Los inmigrantes necesitan trabajo, y nuestro mercado laboral necesita inmigrantes. Pero si en esa relación no incluimos el compromiso empresarial y político por el tema clave de la formación profesional y continuada, no vamos a poder competir con nuestros socios europeos en el marco de la futura sociedad del conocimiento y tampoco con los países menos desarrollados. La formación es el eslabón perdido entre socialización, acomodación y competitividad.
*ÀNGEL CASTIÑEIRA Y JOSEP M. LOZANO, profesores de Esade
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