· Pocos empleadores firman contratos y algunos despiden a empleados, denuncian los sindicatos

· El Gobierno consideraría un éxito dar 250.000 permisos, sólo un tercio del total de irregulares

MANUEL VILASERO

La mayoría de los empresarios no están por la labor de regularizar a sus sin papeles en el proceso que se inicia hoy 7 de febrero y que durará 3 meses. Esta es la pesimista conclusión a la que están llegando los sindicatos y las ONG más representativos que atienden desde hace semanas las quejas y dudas de decenas de miles de inmigrantes en toda España. Aunque no lo admite abiertamente, la Administración es también consciente de esta resistencia, hasta el punto de que ha rebajado sus previsiones y consideraría “muy bueno” dar papeles a 250.000 irregulares. Es sólo un tercio de los 800.000 que se estima trabajan en la economía sumergida.

A la mesa del responsable de inmigración de CCOO de Cataluña, Ghassan Saliba, llegan cada día noticias de irregulares desesperados porque su empleador les niega el contrato de seis meses imprescindible para poder optar a la regularización. “En algunos casos, el empresario ha llegado ya incluso a despedirlos para evitarse complicaciones“, explica Saliba, que vaticina que no pasarán el filtro del contrato más de un 30% de los irregulares.

A Javier Pedreño, coordinador de la Asociación de Ecuatorianos, le llegan sin parar historias similares. Un promotor de la construcción acaba de despedir a cuatro y ya ha dicho que otros cuatro se irán a la calle. “Los empresarios esgrimen todo tipo de excusas: que no pueden pagar a la Seguridad Social, que no les sale a cuenta porque el dinero que manejan también es en negro o simplemente que no les da la gana regularizarlos“, se lamenta Pedreño.

Donde peores perspectivas se están detectando es la construcción, la hostelería y los locutorios, los sectores que más recurren al empleo sumergido. En el trabajo doméstico, en cambio, las cosas pintan mucho mejor. Ahí no es imprescindible que el inmigrante presente el contrato.

“Fue una iniciativa del Gobierno que apoyamos porque éste lo solicitó, pero a nosotros lo que nos interesa es que se mejoren los mecanismos permanentes para contratar inmigrantes, no los extraordinarios“, añade Javier Ibars, director de relaciones laborales de la Consejería de Trabajo catalana.

En el campo las cosas no pintan mucho mejor. Aunque en este sector basta un contrato de seis meses, las organizaciones agrarias Asaja y COAG ya han advertido de que las heladas que han afectado a todo el litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía, impedirán formalizar contratos como mínimo hasta abril y se han dirigido al Ejecutivo para que les amplíe el plazo para acogerse al proceso.

A la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, no le sorprenden estos datos. “Si alguien pensaba que los 800.000 podrían acogerse estaba en un error. Nosotros nunca lo hemos dicho“, asegura con rotundidad. Aunque no quiere apuntar las estimaciones con las que ahora trabaja el Gobierno, consideraría “muy bueno” alcanzar una horquilla de entre 200.000 y 250.000 regularizados. “Aflorar esa bolsa de economía sumergida y aportar todos esos nuevos cotizantes a la Seguridad Social sería un éxito“, añade Rumí.

De todos modos, Rumí recuerda que el plazo es de tres meses y la actitud de los empresarios puede cambiar.