Los inmigrantes con 6 meses de estancia y 6 de contrato podrán regularizar su situación.

El reglamento no incentiva la denuncia.

Gobierno, sindicatos y patronales pactan una disposición transitoria que dará tres meses de tiempo para facilitar la regularización de parte del millón de inmigrantes en situación irregular.

Habrá otras dos vías de regularización: la estancia de tres años y contrato y el arraigo laboral: un año de trabajo y dos de residencia.

El gobierno español, los sindicatos y patronales llegaron ayer 26 de octubre a un principio de acuerdo para dar una salida a la bolsa formada por al menos un millón de inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular. Según esa fórmula, los inmigrantes sin papeles que lleven seis meses empadronados en España cuando entre en vigor el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, previsiblemente en febrero de 2005, podrán regularizar su situación si un empleador les contrata por un periodo de otros seis meses.

En el caso de la hostelería y la construcción, el contrato podrá ser discontinuo, pero deberá sumar al menos seis meses en un año; en el sector agrícola podrá reducirse a tres meses; y en el servicio doméstico se permitirá que sea el extranjero el que presente la documentación (en los otros casos debe ser el empleador), y se podrá incluir diferentes contratos con varios empleadores, siempre que esos contratos sumen 30 horas semanales.

Cuando termine este periodo transitorio de tres meses, los irregulares sólo podrán obtener papeles por razones humanitarias y las vías extraordinarias, que serán dos: el arraigo por estancia en España de más de tres años y una oferta de contrato y el denominado arraigo laboral, que exige demostrar que se lleva trabajando un año y al menos dos residiendo en el país.

Respecto a la reagrupación familiar, se establece que los extranjeros residentes podrán solicitarla junto con la solicitud de renovación de su autorización, es decir, entre seis o doce meses antes que en la actualidad. Sin embargo, el Ejecutivo asegura que aumentará el rigor a la hora de exigir al extranjero que demuestre que cumple los requisitos para poder traerse a su familia y se pedirá la colaboración de los Ayuntamientos para comprobar que cuenta con una vivienda adecuada.