Los indígenas del altiplano boliviano declararon la guerra al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada después de los graves enfrentamiento con efectivos militares y la policía, que se saldó con siete muertos. La matanza se produjo cuando fuerzas del ejército, que escoltaban una caravana de vehículos con turistas, que habían sido retenidos en el altiplano, abrieron fuego contra los campesinos, estudiantes y maestros. Estos estaban bloqueando los caminos del altiplano para reclamar la libertad de un dirigente campesino y en oposición a un proyecto millonario de exportación de gas a los Estados Unidos a través de un puerto chileno. Los indígenas denuncian las inmensas ganancias que deja la exportación de gas natural, descubierto en Bolivia en las últimas décadas a las transnacionales del petróleo, mientras que el Estado sólo se queda con las migajas. El gas ha centrado los dos últimos años la polémica en ámbitos políticos y económicos bolivianos, y ahora gana fuerza en el ámbito ciudadano. El punto más controvertido es la elección de un puerto chileno o peruano para la exportación, ya que Bolivia no tiene acceso al mar desde la guerra de 1879, cuando perdió su territorio costero con Chile. El último enfrentamiento y el clima social convulso es sólo el reflejo del colapso del sistema político y la dramática crisis económica y social que sacude a Bolivia, uno de los países más empobrecidos de la región. Según el vicepresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, “hay una lógica permanente para resolver los conflictos a través de la violencia”. Desde 1985, año en que se instauró el modelo de libre mercado en el país, se han producido 190 muertos en conflictos sociales, más de seis mil heridos y más diez mil personas detenidas ilegalmente.

En este observatorio las claves del conflicto.